🔹Ejecutivos del sistema financiero estadounidense aseguraron al portal Código Magenta que la directriz del gobierno norteamericano podría derivar en el congelamiento de cuentas de los mandatarios estatales de Campeche (Layda Sansores); Durango (Esteban Villegas); Morelos (Margarita González); Veracruz (Rocío Nahle); Coahuila (Manolo Jiménez); Oaxaca (Salomón Jara) y Ciudad de México (Clara Brugada). La medida se suma a órdenes similares ya existentes para colocar bajo escrutinio las cuentas de los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
🔹La orden, que no ha sido confirmada por canales oficiales en México ni en Estados Unidos, se inscribe en el contexto de una agresiva campaña de presión de la administración de Donald Trump para romper los vínculos de la clase política mexicana con lo cárteles. Este movimiento ha tomado forma en torno a la acusación de Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve ex funcionarios de Sinaloa por tráfico de drogas, armas y vínculos de protección al Cártel de Sinaloa.
🔹El gobierno de Claudia Sheinbaum se ha resistido a cumplir las órdenes de arresto con fines de extradición, argumentando que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación deben valorar las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La postura del Estado mexicano contraviene el tratado de extradición vigente que fue signado con el gobierno norteamericano. “Vienen por unos y luego por otros hasta que Estados Unidos sea el principal elector”, declaró la presidenta Sheinbam el 31 de mayo en un mitin de corte partidista en el Monumento a la Revolución. El comentario tuvo lugar tres días después de que la presidenta de México recibió en Palacio Nacional a Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Personas con conocimiento del contenido de la reunión dijeron que Mullin presentó un expediente de los gobernadores mexicanos que podrían ser objeto de acusaciones de un Gran Jurado en tribunales de Estados Unidos.
🔹En febrero de 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva mediante la cual designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta directriz eleva las facultades discrecionales del gobierno estadounidense para combatir a estos grupos criminales, a sus socios y a sus facilitadores en primer, segundo o hasta tercer grado de relación. El contexto legal coloca a las instituciones financieras mexicanas en una posición vulnerable que las obliga a cumplir a cabalidad las órdenes de las autoridades financieras de Estados Unidos.
🔹El antecedente más significativo a la orden que ahora se emite a las filiales mexicanas de bancos con capital extranjero fue la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La autoridad estadounidense identificó a estas tres instituciones financieras mexicanas “como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” en virtud de la Ley de Sanciones Contra el Fentanilo. El Departamento del Tesoro detectó, en los tres casos, operaciones indirectas por cientos de miles de dólares en las que se procesaron recursos financieros vinculados a los cárteles.
🔹No está claro si la orden que coloca bajo escrutinio a siete gobernadores mexicanos está relacionada con alguna causa de Gran Jurado o con alguna medida administrativa del Departamento del Tesoro.
🔹Tampoco existe un hilo conductor, partidista o de un fenómeno conectado de seguridad nacional, que vincule a estos mandatarios estatales. La lista que fue compartida con Código Magenta incluye estados que han cedido parte del control territorial al crimen organizado, como sucede con el Cártel de los Cabrera Sarabia en Durango. Sin embargo, también incluye a entidades como Coahuila, que se han caracterizado por mantener al margen a las organizaciones criminales nacionales.
🔹El caso de Morelos, que ha sido objeto de un operativo federal para arrestar a políticos locales con conexiones al crimen organizado, y de Oaxaca, que se ha convertido en un nuevo epicentro criminal a raíz de la construcción del Corredor Transísmico, representan dos frentes adicionales para la coalición del gobierno de la Cuarta Transformación. Por otro lado, Veracruz, con Rocío Nahle; Campeche, con Layda Sansores; y Ciudad de México, con Clara Brugada; significan tres gobernadoras que fueron parte toral del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero que han tenido diferencias relevantes con la presidenta Claudia Sheinbaum.
