Los 15 gobernadores que este año concluyeron su periodo dejaron posibles daños al erario por 57 mil millones de pesos, entre los que destacan pagos injustificados a proveedores, sobrecostos en servicios y apoyos monetarios a personas fallecidas.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, hasta 2020, las administraciones de los gobernadores salientes usaron 100 mil millones de pesos de forma irregular y han sido incapaces de aclarar hasta ahora el manejo de 57% de esos recursos, equivalente a 57 mil millones.
Los mandatarios que dejaron el cargo no aclararon todas las observaciones que les hizo el máximo órgano de fiscalización del país, por lo que tendrán que ser las nuevas administraciones estatales las que expliquen el uso de los recursos públicos observados por la ASF y, si es el caso, devolver el dinero a la Tesorería de la Federación para evitar que la Auditoría presente denuncias penales.
Las administraciones con más observaciones son las de Silvano Aureoles, en Michoacán, con 16 mil millones de pesos que faltan por aclarar o devolver a la Tesorería; Nuevo León, en la administración que compartieron Jaime Rodríguez Calderón y Manuel Florentino González, con 8 mil millones de pesos; y Chihuahua, en el gobierno de Javier Corral, con 8 mil millones de pesos.
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) está entre los fondos más observados por la ASF. Aquí se encontró que la aplicación de dinero fue para fines distintos a los marcados por la ley, lo que habría causado daño o perjuicio al erario.
Los recursos de este Fondo son para pagar la nómina de personal de educación básica y normal, pero parte del dinero se ha dado a personas fallecidas o a quienes tienen cargos de elección popular. Estas anomalías se encontraron en los gobiernos salientes de Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Colima.
Actualmente hay siete exgobernadores que ocupan una curul en la Cámara de Diputados. Ellos, de acuerdo con la ley, son los jefes del actual auditor superior de la federación, David Colmenares.
Ante esto, el exauditor Arturo González de Aragón advirtió que se corre el riego de que los legisladores influyan en el trabajo de la ASF para solventar las irregularidades pendientes.
