A pesar de que Grupo Megacable ha invertido miles de millones de dólares en la expansión de su infraestructura de fibra óptica, el director general adjunto de la empresa, Raymundo Fernández Pendones, urgió a las autoridades a establecer «reglas claras» y procesos uniformes para acelerar la digitalización en el país. No obstante, esta exigencia de certidumbre regulatoria contrasta fuertemente con las constantes quejas de los usuarios sobre la poca claridad y calidad en la entrega de sus servicios.
La Realidad del Usuario: Cortes, Tarifazos y Trabas para Cancelar.
Mientras Megacable reclama la falta de coordinación con autoridades locales, el foco de la crítica ciudadana se centra en la entrega deficiente del servicio.
Los clientes de Megacable reportan de manera persistente:
Cortes Intermitentes: Fallas constantes en la transmisión de la señal de televisión y cortes intermitentes en el servicio de internet en toda su cobertura.
Aumento de Tarifas sin Aviso: Incrementos en las cuotas mensuales sin notificación previa y con poca transparencia.
Calvario de Cancelación: La falta de flexibilidad y los procesos burocrales hacen que la cancelación del servicio se convierta en un «suplicio» para los usuarios.
Megacable Pide Claridad en la Cúpula, Pero ¿Y con el Consumidor?
Durante la Convención Nacional de la Canieti 2025, Fernández Pendones respaldó los esfuerzos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), destacando que el sector ha inyectado más de $1,300 millones de dólares solo en expansión de fibra óptica.
El ejecutivo fue enfático en la necesidad de que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) opere con certeza para evitar «criterios discrecionales» y corrupción a nivel municipal que retrasan el despliegue de infraestructura.
“Lo que nosotros vemos que le falta a la ley son reglamentaciones claras con el resto de las autoridades, porque hoy nosotros tenemos que lidiar con las autoridades municipales y eso nos retrasa en el despliegue de fibra”, afirmó.
La empresa insiste en que el despliegue enfrenta «obstáculos regulatorios» y ha invertido un total de $2,500 millones de dólares en los últimos cinco años. Sin embargo, para la base de consumidores, la principal urgencia de ejecución correcta no está en la burocracia, sino en asegurar un servicio estable.
La declaración del directivo de que «no solamente es llevar la conectividad, es llevar los procesos, llevar los servicios, llevar digitalización» resuena de forma irónica, dado que son precisamente los procesos, la calidad del servicio y la claridad en las tarifas los puntos donde la empresa presenta sus mayores deficiencias ante los suscriptores. La demanda de «certidumbre regulatoria» para los municipios parece opacar la necesidad de certidumbre y calidad de servicio para el cliente final.
Con información de: Francisco Aceves.
