– El Congreso del Estado avaló una nueva Ley de Expropiación con 33 votos a favor del bloque encabezado por Morena y el rechazo de PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), en medio de cuestionamientos sobre sus implicaciones en la propiedad privada.
La legislación sustituye una norma vigente desde 1950 e introduce cambios como la reducción del plazo máximo de indemnización de 10 a cino años, la creación de un esquema de doble decreto —para separar la declaratoria de utilidad pública de la afectación— y la facultad del Instituto Catastral para fijar los montos de compensación.
Uno de los puntos centrales del nuevo ordenamiento es la figura de ocupación urgente, que permite a la autoridad tomar posesión inmediata de inmuebles cuando se trate de proyectos de salud o educación, como hospitales y escuelas, sin que los recursos legales suspendan la ejecución del acto.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, fue defendida por legisladores oficialistas como un instrumento para agilizar obras de infraestructura y atender rezagos históricos en servicios públicos.
La diputada de Morena, Mónica Belén López Javier, sostuvo que la ley incorpora principios de debido proceso y proporcionalidad, mientras que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tania Caballero Navarro, afirmó que el objetivo es recuperar bienes en favor del interés público y ampliar el acceso a servicios básicos.
Críticas de la oposición
Sin embargo, la oposición centró sus críticas en lo que consideró una reducción efectiva de las garantías para los ciudadanos. La diputada de MC, Alejandra García Morlan, señaló que el nuevo modelo coloca al Estado en una posición de “ventaja absoluta” frente a los particulares y advirtió que las decisiones podrían ejecutarse antes de que exista una resolución definitiva.
En el mismo sentido, el diputado del Partido del Trabajo, Dante Montaño, cuestionó los plazos establecidos para la defensa de los propietarios, que pueden reducirse a cinco días hábiles, y alertó sobre la posibilidad de que las facultades ampliadas a autoridades y organismos públicos deriven en actos discrecionales.
Las bancadas de oposición también advirtieron que la definición de utilidad pública podría interpretarse de manera amplia, lo que, en su opinión, abre la puerta a expropiaciones bajo criterios poco claros y con márgenes limitados de impugnación efectiva.
La aprobación de la ley se enmarca en un proceso de actualización normativa en la entidad; sin embargo, el debate legislativo evidenció diferencias sobre el equilibrio entre el interés público y la protección del derecho de propiedad.
