La familia de Luisa Fernanda Bringas, la joven de 20 años que perdió la vida en un accidente vial provocado por elementos de la policía municipal, denunció este fin de semana la liberación provisional del oficial responsable, quien pagó una fianza de 150 mil pesos para recuperar su libertad. El caso, ocurrido el 30 de octubre en la avenida Las Torres, ha desatado una ola de indignación en la capital mexiquense, donde se cuestiona la ética y preparación de los cuerpos policiacos, así como la respuesta del gobierno local.
Según el testimonio de Verónica Manjarrez, madre de la víctima y quien funge como policía estatal en la Dirección de Equinoterapia, los elementos circulaban a exceso de velocidad por la avenida Las Torres mientras consumían bebidas alcohólicas. En su trayecto, la patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) impactó la motocicleta en la que viajaba Luisa Fernanda junto a su amiga Carol Lucero, a la altura del cruce con Pino Suárez. El choque derivó en una carambola que también afectó a otros tres vehículos, dejando a Lucero y a tres personas más con lesiones graves.
«Mi hija no murió, la mataron los policías de Toluca», acusó Manjarrez en un video difundido en redes sociales, donde detalló que los primeros respondedores alteraron la escena del crimen al no resguardar evidencia y manipular objetos de la unidad oficial. Luisa Fernanda, estudiante de psicología y conocida como «Lili» entre sus amigos, falleció en el lugar mientras se dirigía con su amiga a comprar un disfraz para una celebración.
El oficial Eduardo «N», identificado como el conductor, fue detenido en el sitio y vinculado a proceso por homicidio imprudencial el 2 de noviembre. Sin embargo, una jueza le concedió la libertad provisional mediante la fianza mencionada, lo que ha sido calificado por la familia como un ejemplo de la impunidad en el Estado de México. Manjarrez, quien ha recibido apoyo psicológico y jurídico de la Secretaría de Seguridad estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Edomex (Codhem), lamentó el despido de un elemento de Protección Civil que auxilió a las víctimas, interpretándolo como un acto intimidatorio.
El presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, de Morena, lamentó el incidente y afirmó que su gobierno ha brindado «todo el apoyo» a la familia, incluyendo asistencia médica, traslados y cobertura a través de un seguro institucional. No obstante, Manjarrez desmintió rotundamente estas declaraciones, asegurando no haber recibido ayuda alguna del Ayuntamiento ni haber sido contactada por el edil. «El presidente municipal miente cuando dice que ya se entrevistó conmigo; no lo conozco y no quiero verlo», enfatizó.
Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúan la investigación, con testimonios pendientes que podrían esclarecer si el consumo de alcohol influyó en el percance. Mientras tanto, colectivos y ciudadanos exigen una revisión exhaustiva de la capacitación y protocolos de la policía municipal, en un contexto de crecientes demandas por justicia y transparencia en el manejo de casos de violencia institucional.
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