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El 29 abril de 2007, los Gallos blancos de Querétaro se jugaban la permanencia en la primera división del futbol mexicano frente al Atlas de Guadalajara, equipo que no estaba en riesgo de descender a la entonces llamada Primera A.

El partido se definió con dos goles de los rojinegros en los primeros 17 minutos, el resto del juego, unos 25 mil aficionados queretanos que formaron una enorme mancha azul en el estadio Jalisco, pasaron de los rezos, súplicas y promesas de una manda religiosa, al silencio, el llanto, la frustración y la ira cuando se escuchó el silbatazo final y también los cánticos con burlas del rival.

Ese año detonó la rivalidad entre Atlas y Querétaro con una invasión a la cancha, en la que hubo varios heridos que fueron enviados a hospitales y otros, al Ministerio Público, principalmente de los visitantes, hechos de violencia que no alcanzaron los niveles reportados el sábado pasado en el estadio La Corregidora, donde 26 personas resultaron heridas.

Sin embargo, desde 2007 la fecha, hubo otros enfrentamientos entre los simpatizantes de esos equipos, así como en otras plazas del futbol mexicano, situación que ha provocado la mayoría de las veces, una reacción mediática del Congreso de la Unión para presentar una decena de iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo con miras a endurecer las sanciones en contra del vandalismo en eventos deportivos.

Dos años después, en 2009, el diputado José Luis Aguilera Rico, del partido Convergencia, presentó una propuesta de ley secundaria para adicionar el Código Penal Federal para incrementar las sanciones por vandalismo en los eventos deportivos con prisión de uno a cuatro años, además de penas pecuniarias contra quienes estuvieran dentro de un estadio o en calles circundantes.

Además, los inculpados tendrían prohibido el acceso a recintos deportivos de seis meses a cuatro años, sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Desde 2007 a la fecha, solamente ha sido aprobada la iniciativa que presentó el 15 de octubre de 2013 el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, sin embargo, este proceso legislativo se prolongó durante siete meses hasta su publicación el 9 mayo de 2014.

Estas modificaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte establecieron sanciones de seis meses a cuatro años de prisión a los aficionados o asistentes que lancen objetos contundentes; ingresen sin autorización a los terrenos de juego y agredan a las personas o causen daños materiales; así como a quien participe activamente en riñas, con 10 a 60 días de multa, principalmente.

Además de castigar a quien incite o genere violencia; introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida, que deberán ser sancionados con un año seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de 20 a 90 días de multa.

El resto de las propuestas se quedó en la “congeladora”, fueron desechadas por el cabildeo de los actores involucrados, o bien, porque hay casos, en los que el legislador promovente dejó trunco el camino legislativo para su aprobación, por irse a contender en las urnas por otro cargo.

El 25 de febrero de 2021, el diputado del Partido Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras, impulsó la aprobación en la comisión del Deporte, la cual presidía, de una iniciativa que consideraba la creación de la Comisión especial contra la brutalidad en el deporte, sin embargo, ese día solicitó licencia para buscar la gubernatura de Nuevo León, la cual ganó el emecista Samuel García.

En abril de 2014, el entonces senador del PVEM, Carlos Alberto Puente presentó una iniciativa que planteaba crear un “padrón de aficionados violentos”, con base en los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que podría ser consultado por las autoridades de seguridad pública y por los organizadores de los espectáculos deportivos.

Posteriormente, el diputado del PRI, Daniel Torres Cantú propuso dos iniciativas para incrementar las multas aplicables de 100 a 200 días de multa a los espectadores que cometan el delito de violencia en eventos deportivos y a quien participe activamente en riñas, una sanción de 100 a 180 días de multa. La propuesta no fue aceptada.

En 2017, se desechó la propuesta de la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez (MC) para prohibir el ingreso con bebidas alcohólicas a eventos deportivos, así como su consumo en un tiempo razonable a fin de evitar conatos de violencia que pongan en riesgo la integridad física de los espectadores, asistentes y participantes.

En la pasada legislatura, el diputado de Morena, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, planteó adicionar el artículo 164 Bis del Código Penal Federal para tipificar y sancionar actos de porrismo, incluidos aquellos actos de violencia física que se generen en eventos deportivos, aunque posteriormente la retiró a pesar de contar con la mayoría de la 4T para su aprobación.

En tanto que la iniciativa de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz de la extinta bancada del Partido Encuentro Social proponía un plan de evacuación en inmuebles deportivos con protocolos de seguridad para el retiro de asistentes está en el limbo desde el 13 de enero de 2021.

La propuesta de Sosa Ruiz es la última que ha sido presentada en el Congreso de la Unión en esta materia, por lo que la exlegisladora federal recordó vía twitter al coordinador de Morena Ignacio Mier que está en calidad de pendiente su iniciativa.

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