La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó ajustes a la Cartera Institucional de Proyectos para continuar con las actividades de organización de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el consejero presidente Lorenzo Córdova acusó un diseño legal “precario y deficiente” que exige estándares de un proceso electoral con la tercera parte del tiempo. Pese a la insuficiencia presupuestal, pero en acatamiento a las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Junta General Ejecutiva aprobó varios ajustes para seguir con el proceso de revocación de mandato conforme al calendario previsto, luego de que se revocara el acuerdo aprobado en diciembre con el que buscaban posponer las actividades hasta que se solventara el boquete presupuestal de dos mil 300 millones de pesos. Entre los acuerdos, destacan destinar ocho millones de pesos para dar continuidad a 700 plazas que habrían sido contratadas de septiembre a diciembre para la organización, y 4.4 millones de pesos para el pago de 457 personas que del 1 al 31 de enero continuarán con la revisión de más de nueve millones de firmas entregadas en formatos impresos. Te recomendamos: Logran 14 estados firmas válidas para consulta de revocación de mandato Los directivos de las áreas técnicas explicaron que se trata de transferencia de recursos entre partidas, sin la necesidad de una ampliación presupuestal, hasta estos momentos.
