PREDIAL 2023 METEPEC

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó ajustes a la Cartera Institucional de Proyectos para continuar con las actividades de organización de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el consejero presidente Lorenzo Córdova acusó un diseño legal “precario y deficiente” que exige estándares de un proceso electoral con la tercera parte del tiempo. Pese a la insuficiencia presupuestal, pero en acatamiento a las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Junta General Ejecutiva aprobó varios ajustes para seguir con el proceso de revocación de mandato conforme al calendario previsto, luego de que se revocara el acuerdo aprobado en diciembre con el que buscaban posponer las actividades hasta que se solventara el boquete presupuestal de dos mil 300 millones de pesos. Entre los acuerdos, destacan destinar ocho millones de pesos para dar continuidad a 700 plazas que habrían sido contratadas de septiembre a diciembre para la organización, y 4.4 millones de pesos para el pago de 457 personas que del 1 al 31 de enero continuarán con la revisión de más de nueve millones de firmas entregadas en formatos impresos. Te recomendamos: Logran 14 estados firmas válidas para consulta de revocación de mandato Los directivos de las áreas técnicas explicaron que se trata de transferencia de recursos entre partidas, sin la necesidad de una ampliación presupuestal, hasta estos momentos.

El diseño legal para revocación es precario y deficiente, acusa Córdova El consejero presidente Lorenzo Córdova fue insistente en que se trata de “tiempos inéditos” en los que el INE avanza pese a las deficiencias presupuestales, además de estar a contrarreloj, pues se les exige cumplir con los estándares de una elección federal pero les dan la tercera parte del tiempo para hacerlo. “Para hacer un proceso electoral, y de acuerdo con lo que dice la ley la revocación de mandato es como un proceso electoral, este Instituto normalmente cuenta para ese proceso con nueve meses y para la revocación de mandato por un diseño legal muy precario y deficiente, y seguramente habrá una reforma para mejorar muchos de los errores del diseño legal que están implícitos, incluso hasta se discutirá si es pertinente o no esta figura en el futuro; pero a diferencia de un proceso electoral este ejercicio por cómo se diseñó con el legislador, solamente le da a esta institución un plazo, en el mejor de los casos, de apenas tres meses”.

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