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Cuatro extrabajadoras del ayuntamiento de Toluca, denunciaron ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, al coordinador de delegaciones de Toluca, Cristian Noé Velázquez Guerrero, así como a los directores generales, de la Zona Sur Lisett Vilchis Gutierrez y el de la Norte, Jesús Alcántara, por violencia y acoso laboral. Además de advertir las primeras demandas laborales contra la administración del alcalde, Raymundo Martínez Carbajal.

Cerraron con llave las oficinas, escondieron las listas de asistencia, obligaron a trabajar enfermos de COVID, no nos permitieron recoger nuestras cosas, nos llamaron “cucarachas”, y amenazaron con sacarnos con ayuda de la policía municipal, estas son algunas acciones que los nuevos coordinadores y directores de la administración municipal están realizando para “limpiar la nómina”.

La mayoría de las trabajadoras que están sufriendo esta violencia por parte de las autoridades municipales son de los denominados supernumerarios, a quienes se les da de alta en la nómina sin contrato y que están laborando desde la administración pasada. A ellas también se les adeudan quincenas, aguinaldo y primas vacacionales, tema que el alcalde, Raymundo Martínez Carbajal se comprometió a resolver a horas de haber tomado el cargo.

Gladys Ordóñez Mercado trabajaba en él área de delegaciones, desde el día 3 de enero comenzó a observar un trato diferenciado; sin embargo continuó trabajando de manera normal en su horario y oficina, inclusive recibió el pago de la primera quincena sin ningún problema.

La situación cambió días antes de concluir el mes de enero, cuando terminó la reestructuración del área, convirtiéndola en Coordinación de Delegaciones; a la mayoría de los empleados no se les pagó la quincena, se les notificó que debían pasar a la dirección de Administración y al Jurídico, sin mayores explicaciones.

Los afectados refieren que la administración municipal contrató un despacho externo para despedir alrededor de mil 200 trabajadores, el cual esperó para notificarlos hasta el último día del mes como un ardid jurídico que los dejaría con muy pocos días para demandar laboralmente al municipio, sobre todo la mayoría no cuenta con contrato al ser supernumerarios.

Se les propuso firmar su renuncia con la promesa de que les iban a pagar una quincena, el aguinaldo y una prima vacacional en el mes de marzo; situación que no se especificaba por escrito y que muchos, sobre todo personal de intendencia, firmaron debido a que llevan meses sin cobrar.

Tras negarse a firmar la renuncia, Gladis regresó a la oficina solicitando hablar con la directora de Servicios Auxilires, Lisset Vilchis Gutiérrez, quien no la recibió. De igual manera el Coordinador de Delegaciones, Cristian Noe Velázquez Guerrero, a través de su particular, Fausto Legorreta, impidieron que los trabajadores sacaran sus cosas personales, comentándoles que si las querían “las buscaran en la basura”, y si no se iban llamaría a la policía municipal para sacarlas a la fuerza, ya que el Coordinador no las iba a recibir.

El caso de Mireya Juárez, quien es madre soltera también adscrita al área de delegaciones, es similar aunque el maltrato se intensificó la semana antepasada, cuando se enfermó de COVID-19 tras convivir con otro compañero contagiado en la misma oficina.

Mireya se hizo varias pruebas para saber si estaba contagiada, las primeras dos dieron negativo por lo cual se le pidió seguir trabajando, y la tercera, tras presentar síntomas, ya salió positiva; sin embargo ella no dejó de laborar pese a estar enferma. Tras recuperarse y por motivos personales solicitó dos días económicos; al regresar ya no la dejaron entrar a la oficina, le pidieron dirigirse al jurídico, donde solicitaron su renuncia, misma que no firmó, ya que le condicionaron sus pagos pendientes de aguinaldo y primas vacacionales, no le mencionaron finiquito ni tampoco que le pagarían la última quincena de enero, pese a estar laborando enferma.

Al retirarse de la oficina, Efraín Martínez y la secretaria del coordinador le dijeron que eran “cucarachas”.

“Por usos y costumbres sabemos que cada cambio de administración se dan los despidos, sin importar la trayectoria y eficiencia del trabajador, es un tema hasta político, a pesar de que nosotros no militamos en ningún partido, y está bien que quieran darles nuestros lugares a sus afiliados, pero en un tema de respeto y legalidad, no pisoteando nuestra dignidad, eso no lo vamos a permitir”, expresó.

Las denuncias interpuestas ante la Fiscalía del Estado de México detallan estas situaciones, la violencia y el hostigamiento que casi un mes sufrieron las empleadas municipales, así como el maltrato psicológico.

También advierten que están en proceso las demandas laborales, situación que afectará las finanzas municipales, que de por sí son malas, como lo ha señalado el alcalde Raymundo Martínez Carbajal.

Y ya preparan una iniciativa de ley para presentarla en la Cámara de Diputados para contar con protocolos de actuación para garantizar los derechos laborales del recurso humano para las transiciones político-administrativas de los ayuntamientos, debido a que cada tres años miles de trabajadores se quedan sin recursos ni opciones para trabajar, sin importar la experiencia que tienen, “sólo porque los alcaldes entrantes tiene que cumplir con sus compromisos políticos, dándoles el empleo a sus amigos y conocidos, impactando en la calidad de la administración a la larga”.

“Llegar a la demanda laboral es malo para todos, para el trabajador y el propio ayuntamiento, porque todos salimos perdiendo, a mi no me van a pagar, lo que se me debe será más y ese dinero saldrá de las arcas municipales no del coordinador que nos corrió con violencia y nos hostigó, tampoco de la del alcalde, va a salir del dinero de todos los de Toluca, todo derivado de un mal manejo administrativo.

Con información de: Yamel Esquivel y Transeunte periodismo independiente.

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